(NP-24/03/2016) La diputada yaracuyana ante la Asamblea Nacional (MUD) Dignora Hernández afirmó que es irresponsable endosar a los padres y representantes las consecuencias de la crisis alimentaria que sacude al país y por ende a la sociedad yaracuyana acusándolos de “obligar” a los niños y adolescentes a hacer colas para adquirir productos regulados “constituye un reprochable acto de manipulación y evasión de las responsabilidades propias. Es una desfachatez pretender hacer creer que un padre prefiere que sus hijos estén haciendo una larga y humillante cola para adquirir productos cuando deberían estar en un aula de clase recibiendo la educación que les garantice un mejor porvenir”.
Hernández argumentó que la crisis alimentaria, el acceso a bienes y servicios, las dificultades para recibir atención especializada, así como las diversas situaciones de violencia que sufren y presencian los niños y adolescentes constituyen por se amenazas y violaciones a sus derechos, fundamentalmente los relacionados con la vida, nivel de vida adecuado, buen trato, salud, educación, integridad personal, entre otras garantías. “Siendo los órganos del estado los llamados a favorecer mediante el diseño e implementación de las políticas sociales básicas que permitan prevenir y superar esta situación”.
“Es el estado el que debe garantizar a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación que de inmediato se le garantice el suministro de alimentos a los niños, niñas y adolescentes a los fines de prevenir daños irreparables a su salud y nutrición y otros impactos en su desarrollo como la malnutrición y las enfermedades asociadas a la pobreza, de igual manera el Ministerio con competencia en salud debe garantizar el suministro de medicamentos esenciales y de alto costo para los niños y niñas y adolescentes así como el fortalecimiento de los centros de salud a los que estos acudan”, resaltó.
Destacó “oportuno es recordar que con la aprobación de la convención sobre los Derechos del Niños por parte de Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y su posterior ratificación por el Estado Venezolano a través de la Ley aprobatoria del 29 de Agosto de 1990 se reafirma la condición de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos con lo cual se establece la obligación ineludible del Estado de responsabilizarse por el ejercicio y goce de sus derechos, de igual manera tanto el artículo 78 constitucional como el 7 de la Ley Orgánica de Protección al Nino, Niña y Adolescente reconocen la obligación del Estado de asegurar con prioridad absoluta todos esos derechos. Resulta por tanto interesante por no decir vergonzoso que algunos Consejos de de protección obvien la responsabilidad del Estado y solo “tengan ojos para ver” lo que consideran el maltrato al infante por parte de los padres, cargo éste con el cual son remitidos a la Fiscalía Octava del Ministerio Público”.
Señaló“en algo estamos de acuerdo las colas son incómodas, riesgosas, indignas y muchas veces humillantes, nadie debería en Venezuela ni en ningún lugar del mundo hacer colas para adquirir alimentos y mucho menos los niños. Mucho me gustaría conocer las acciones que estos Consejos de Protección han adelantado en el estado para instar a las autoridades a resolver esta situación o si por el contario se han dedicado al igual que el gobernador Julio León a reprimir a quienes se las ingenian para conseguir alimentos. Valoramos que se preocupen por los infantes pero sugerimos abordar el origen de la crisis y no las consecuencias al pueblo, como en el caso que nos ocupa que se pretenda endosar a los padres las consecuencias de las crisis, siempre paga el más vulnerable. Al ver, leer y escuchar situaciones como estas no puedo dejar de recordar el viejo cuento en el que un individuo negado a ver la causa real que lo mantiene en una situación incómoda en su hogar, ¡decide vender el sofá!. No señores créanme el problema aquí no es el sofá”.
Para finalizar informó que en los próximos días la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional que Preside el Diputado Williams Gil se estará pronunciando por la situación que mantiene a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad “ante un estado incapaz de garantizarle sus derechos”.
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